Es bien conocido que algunas
compañías ofrecen dádivas a los médicos para que formulen sus productos. El
Ministerio de Salud, a través de un decreto, buscará romper esa vieja relación.
Dentro de unos veinte días el
mundo conocerá la versión en español de un libro que desde su lanzamiento en
agosto de 2013 no ha dejado de causar controversia. Sólo su nombre, de hecho,
genera gran polémica: Medicinas que matan y un crimen organizado. Cómo la
industria farmacéutica ha corrompido el sistema de salud. Quien aborda con tal
tesón este espinoso tema es Peter Gøtzsche.
Su nombre para algunos no necesita
presentación: es cofundador de la Colaboración Cochrane, una organización sin
ánimo de lucro con más de 11.500 voluntarios, que promueve la conocida
“medicina basada en la evidencia”, lema con el cual incentiva las estadísticas
y las matemáticas combinadas con el conocimiento científico para dilucidar la
verdad en esa profesión. ¿Qué funciona en realidad? ¿Qué es mito? ¿Qué es
falso?
En su texto, Gøtzsche, tan
criticado como admirado en todo el planeta, no hace otra cosa que tratar de
resolver el viejo debate que en Colombia ha vuelto a cobrar vigencia: ¿qué tan
éticas son las relaciones entre la industria farmacéutica y los actores de la
salud? “Nos muestra muy bien cómo compra médicos, académicos, revistas
científicas, reguladores y políticos”, escribe en el prólogo Richard Smith,
editor del British Medical Journal por más de diez años. “La gestión de los
conflictos de interés debe mejorar”.
La discusión hoy ha vuelto a
tomar impulso en nuestro país por una iniciativa que se cocina en el Ministerio
de Salud. Su propósito no es otro que hacer más transparente el trato entre las
farmacéuticas y los distintos agentes del sector, desde médicos hasta
asociaciones de pacientes.
El decreto quiere, entre otras
cosas, ponerles tatequieto a las dádivas y prebendas que ofrecen algunos
laboratorios a doctores a cambio de que formulen sus productos. Pagos en
especie o monetarios, regalos, viajes, honorarios, contribuciones, donaciones o
desembolsos por asesorías serían sólo algunas de las transacciones que tendrían
que registrarse.
¿La razón? “Las transferencias de
valor de la industria farmacéutica a los agentes del sector salud tienen el
potencial de distorsionar las decisiones sobre la prescripción, de un modo que
se afecte el uso óptimo de los medicamentos y otros servicios, llevando incluso
a decisiones que pueden impactar el bienestar de los pacientes”, se lee en el
documento.
“El hecho de que haya que
proponer una legislación de esta naturaleza es la muestra más clara de que hay
conductas inapropiadas que estimulan el uso de productos costosos. En algunas
ocasiones las decisiones médicas están guiadas más por presiones comerciales
que por asuntos de ciencia. Esta medida es tibia. Una decisión médica sólo debe
estar basada en evidencia científica”, dice Francisco Rossi, director de la
Fundación Ifarma.
Y aunque este es apenas un
borrador que no ha sido consultado con los diferentes actores del sistema y que
deberá seguir un camino pedregoso, demuestra una clara intención de regular el
tema, como el país lo viene pidiendo desde 2011. La Ley 1438 lo advirtió:
“queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de
prebendas a trabajadores de las entidades del sistema sean estas en dinero o en
especie”.
Pero nadie se había encargado de
regular esa norma. Hasta ahora.
Menos secretos, más transparencia
Si bien es cierto que el borrador
del decreto es sólo el inicio de una ruta que hace falta definir, ya genera
bastantes reacciones.
Alberto Bravo, director de
Asinfar, organización que agrupa a la industria farmacéutica colombiana,
aseguró que al verlo “se reunió de inmediato con una vocera del ministerio,
quien le dijo que ‘el documento es una suma de errores. Que no había
autorización alguna de publicación y que ese espurio proyecto no representa la
posición del ministerio’. Más allá de eso —continúa Bravo— nosotros hemos
alentado a que esas relaciones sean transparentes porque sabemos que hay
prácticas muy censurables. Pero tal y como está planteado el asunto es una cosa
extrema que haría inviable una práctica legítima: presentarle los productos al
médico para que él los conozca”.
Sin embargo, Fernando Ruiz,
viceministro de Salud, le aseguró a este diario que, aunque es un documento
preliminar, sujeto a toda clase de comentarios y para el cual se deberán hacer
reuniones con varios actores, hasta ahora es una posición puramente de
gobierno.
“Es un tema muy complejo pero
necesario —dice Ruiz—. El ministerio no tiene la intención de restringir toda
transacción, porque eso falta a la realidad. Es claro que tiene que haber una
interacción entre industria y médico. Pero que un doctor reciba un pago por
formular un fármaco no puede ser legal. Ya hay normas que apuntan a la misma
dirección” (ver parte superior).
Según Ruiz, en principio, la
regulación giraría en torno a tres ámbitos. El primero de ellos, concerniente a
la autonomía médica. “En la ley estatutaria (aprobada por la Corte
Constitucional hace un par de meses) se prevé un mecanismo de autorregulación.
Son los médicos quienes deberían autorregularse en ese tema de dádivas”. El
segundo enfoque iría dirigido a los límites que puede tener esa autonomía
médica. “No puede ser —explica el viceministro— sólo un asunto de ética y
autorregulación. Tiene que haber un marco legal”.
“El tercer punto —continúa— tiene
que ver con que las transacciones sean más transparentes. Y en ese ámbito se
inscribe esta resolución. Queremos que la industria farmacéutica aporte
información respecto a las transacciones. Porque los conflictos de intereses se
resuelven, esencialmente, con información transparente. Esa es la base”.
En eso coincide Francisco de
Paula Gómez, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de
Investigación y Desarrollo (Afidro): “Creemos que es una buena iniciativa para
que las relaciones entre profesionales e industria tengan mecanismos para
asegurar la transparencia. Y aunque no conocemos de forma completa ni hemos
discutido con el Gobierno el proyecto de norma, creemos que es absolutamente
necesario partir de la buena fe de las personas y de su correcta intención. Ni
la industria ni los profesionales de la salud pueden tratarse como
delincuentes, pues no lo son. La responsabilidad de los agentes y la
autorregulación, principio fundamental en esta actividad, son más productivas
que tratar de poner un policía detrás de cada ciudadano”.
Pero lo cierto, como explica el
doctor Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación
Médica Colombiana (Observamed), es que esta resolución no debería causar ningún
revuelo, pues es la vía que se sigue a nivel mundial.
“Estados Unidos y muchos países
de Europa están preocupados por la influencia de la industria en la
sostenibilidad de los sistemas de salud. Así que tomar estas medidas no es nada
extraordinario”. En EE.UU., por ejemplo, se creó el Sunshine Act en 2010, que
obliga a todo médico a registrar cada aporte que le hagan desde US$20 y lo
compromete incluso a anunciar cualquier tipo de financiación en algún evento.
“Van a haber voces de protesta y
quienes digan que frente al tema se debe acudir a la autorregulación. Claro que
antes de tomar esas medidas hay otras más esenciales que no se están
cumpliendo, como la necesidad de que se publique información para prescribir
medicamentos. La ley estatutaria y el Conpes de la Política Farmacéutica lo
obligan, pero el Invima no lo ha hecho. Es una cosa elemental”.
‘¿Nadie aguanta un cañonazo de
US$50.000?’
“En el marketing farmacéutico hay
una cosa esencial: acá no estamos vendiendo medicamentos. Estamos vendiendo
productos. Para eso nos entrenamos y nos enseñan hasta cómo pararnos frente a
un médico. Debemos saber si tiene esposa, si es soltero, si tiene hijos, si le
gusta el fútbol, los carros o el golf. Todo. Así los médicos empiezan a recetar
y luego a pedir. Comienza una relación más cercana. Y vienen las comidas, los
viajes, las invitaciones, los regalos, los pagos, los congresos”.
El relato es de un visitador
médico que poco a poco fue escalando en esa jerarquía que maneja el marketing
farmacéutico. Comenzó como visitador y terminó como gerente de un conocido
laboratorio (lea mañana su relato completo). Su nombre, por razones obvias, no
puede ser revelado.
Pero en su versión sólo encaja un
pequeño porcentaje de los médicos colombianos. Esa fracción que recibe
prebendas y ha creado, con sus actos, una mala imagen de la profesión. “Hay que
aclarar que las farmacéuticas sólo trabajan con el 5% de los doctores, que son
los que tienen alto potencial de prescripción. Por eso nosotros, desde la
federación, nos oponemos a que se estigmatice a los médicos, cuando la gran
mayoría es de una ética impecable; nos oponemos a que se publique, como se ha
hecho, información tendenciosa. Hay que tener en cuenta que buena parte de los
que trabajan en EPS tienen constreñida la prescripción”, asevera el doctor Óscar
Andia, de Observamed.
Para evitar que se siga
presentando este fenómeno, cuenta el doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la
Academia Nacional de Medicina, “es saludable y bueno que los médicos tengamos
claro qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que la industria no debería
ofrecer. Hay una línea muy delgada en la que se debe respetar la independencia
del profesional para formular. Somos humanos y se puede ceder ante la tentación
de un viaje a un congreso en Europa o ante una suma importante. Como diría Juan
Vicente Gómez, dictador venezolano, ‘no hay nadie que aguante un cañonazo de
US$50.000’. Es cierto. Nadie lo aguantará. Por eso, no bastan una ley o un
decreto. Es necesario que los profesionales y la industria se decidan a obrar
bien”.
http://www.elespectador.com/noticias/salud/fin-prebendas-de-industria-farmaceutica-articulo-512366
