viernes, 27 de abril de 2012
Riesgo de Fracturas Óseas con el consumo de Inhibidores de Bomba de Protones
Del Informe Mensual de la AEMPS del mes de marzo de 2012, publicado el 10 de abril 2012. http://bit.ly/HwpBoS
El texto completo de las notas informativas está disponible en www.aemps.gob.es
Los inhibidores de la bomba de protones pueden producir un modesto incremento del riesgo de fracturas óseas (vertebrales, de cadera y de muñeca), particularmente cuando se utilizan durante periodos prolongados de tiempo (más de 1 año), predominantemente en pacientes de edad avanzada o en aquellos con factores de riesgo conocidos.
Los IBP constituyen uno de los grupos farmacológicos más ampliamente utilizados con un importante número de medicamentos comercializados que incluyen diversos principios activos (esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol y rabeprazol).
Varios estudios epidemiológicos indican la asociación de la aparición de fracturas óseas y el uso de IBP, fundamentalmente en tratamientos prolongados y a dosis elevadas1-10.
Tras la publicación de dos metaanálisis de estudios observacionales11,12, las agencias nacionales de medicamentos de la UE han llevado a cabo una nueva revisión de la información disponible, para la que también se ha solicitado a los titulares de la autorización de comercialización los datos disponibles sobre fracturas óseas, procedentes de ensayos clínicos realizados a largo plazo con IBP.
La información procedente de ensayos clínicos a largo plazo (más de un año de duración) no indica el riesgo observado en los estudios epidemiológicos. Sin embargo estos ensayos clínicos no se diseñaron con el objetivo de conocer el efecto sobre alteraciones óseas o fractura y, por lo tanto, pueden haber excluido pacientes con riesgo de fracturas.
La mayoría de los estudios observacionales, aunque no todos, indican un modesto incremento de riesgo de fracturas vertebrales, de cadera y de muñeca, existiendo cierta inconsistencia entre los estudios en relación con la magnitud de este riesgo y la duración del tiempo de tratamiento hasta la aparición de las fracturas, así como cierta variabilidad respecto a los factores de confusión para los que se ajustaron los resultados.
En tres estudios se observó un incremento de riesgo de fractura de cadera con la exposición a IBP durante, al menos, 1 año, 2 años y 7 años respectivamente1,8,3. En un estudio que excluyó a pacientes con factores de riesgo para fracturas, no se observó asociación entre el uso de IBP y un incremento de riesgo de fracturas4.
La incidencia observada para fracturas de cadera en uno de estos estudios8 en el que se ajustó por diversas variables, fue de 2,14 casos/ 1.000 pacientes- año para la población no expuesta a IBP y 3,24 casos/1000 pacientes- año para la población expuesta al menos a un año de tratamiento con IBP.
En un estudio de cohortes prospectivo mediante cuestionario recientemente publicado13, llevado a cabo en mujeres posmenopáusicas, se observó una incidencia de fracturas de cadera de 2,02 casos/1.000 pacientes- año para usuarias de IBP en relación a 1,51 casos/1.000 pacientes- año en no usuarias de IBP.
Por último, en dos metaanálisis de estudios observacionales publicados11,12 se observó un incremento de riesgo para cualquier fractura del 20% y 29% respectivamente. Adicionalmente, para fracturas de cadera el riesgo observado fue del 23% y 31% respectivamente, así como del 50% y 56% para fracturas vertebrales. La magnitud del riesgo observado se incrementó con la duración del tratamiento y el aumento de dosis utilizadas.
Tomando como base estos datos, el Grupo de Trabajo de Farmacovigilancia del CHMP, ha recomendado que este modesto incremento de riesgo de fracturas se incluya en la ficha técnica y el prospecto de los medicamentos de prescripción autorizados que contienen IBP.
La evidencia disponible no se ha considerado suficiente para indicar que este riesgo también se asocia con los medicamentos con IBP que no son de prescripción médica, ya que estos se encuentran autorizados únicamente para el uso a corto plazo.
Las fichas técnicas y prospectos de los medicamentos que contienen IBP se actualizarán con esta nueva información.
domingo, 8 de abril de 2012
Así se robaron el sistema de salud de los colombianos
Juan Gossaín hace un crudo repaso de las lacras que llevaron al sistema a un estado agónico.
Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia.
En Villavicencio, un niño, que hoy tiene 2 años, a los 6 meses de edad sufría de un tumor en la vista. Caprecom, empresa a la que está afiliado, dilató el tratamiento y, pese a la urgencia advertida a tiempo por los médicos, se negó a ordenar la cirugía. Varios doctores se unieron para intervenirlo sin costo, por su cuenta y riesgo, pero era demasiado tarde: el niño quedó ciego a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en las oficinas de Caprecom.
En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío, porque llevaba ocho meses rogando en Saludcoop que le dieran una cita con el doctor.
Esa misma noche, en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral.
¿Qué es lo que está sucediendo para que en solo seis meses, entre enero y julio del año pasado, se presentaran ante las autoridades sesenta mil reclamos contra empresas de salud?Quién sabe cuántas víctimas más ni siquiera se toman el trabajo de protestar. Y ni hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse.
Lo que está pasando es que el sistema colombiano de salud se reventó en pedazos. Resultó fallido. Las razones son varias, pero todas giran alrededor de un mismo sol: la corrupción y su hermana siamesa, la politiquería, se aliaron con la voracidad económica de unas cuantas empresas privadas y con la podredumbre que campea en las oficinas públicas.
38 billones por año
Desde que se estableció el sistema, hace casi veinte años, el Estado colombiano se la pasa improvisando medidas transitorias, que no han servido ni siquiera como pañito de agua tibia, y mientras tanto nadie atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios: hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos, empresas de radiología. El sistema no resiste una reforma más.Es un régimen insostenible.
En Colombia, la salud mueve al año cerca de 38 billones de pesos.La mitad de esa cifra monstruosa proviene de los dos regímenes que operan en el país: el contributivo, en el que los ciudadanos que pueden hacerlo pagan de antemano su propia atención, y el subsidiado, que supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más pobres.
Como si fuera poco, la ineficiencia ha llegado a tales extremos que los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan. El resto, unos 11 billones anuales, los aportan la Nación, los departamentos y los municipios. Es decir: todos los colombianos que pagan impuestos.
Pero cada gobierno se niega a asumir el control de esos dineros y los deja en manos de unas compañías llamadas "empresas promotoras de salud", que son el origen de nuestras desgracias.
La paradoja más grande y más dolorosa es esta: nunca antes habíamos tenido tantos recursos para la salud de los colombianos, pero nunca antes el sistema de salud había estado en una situación financiera tan crítica. Lo primero que uno hace, pensando en los 38 billones de pesos, es comenzar a preguntarse: ¿por qué, con semejante chorro de plata, la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan, si ese es su derecho y ese es su dinero? ¿Por qué clínicas y hospitales están en crisis?
Cobran, pero no pagan
La respuesta es simple pero aterradora: porque no les pagan los servicios que prestan. Según un balance que tengo en mi poder, las empresas promotoras de salud, algunas compañías de seguros y el Gobierno Nacional, más municipios y departamentos, le deben al conjunto de instituciones hospitalarias una cantidad que se acerca a los 10 billones de pesos.
A fecha de hoy la situación se ha agravado. Del total de esa suma, las famosas EPS adeudan cerca del 60 por ciento. Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los acogen.El Estado, incluyendo Nación, municipios y departamentos, debe otro 17 por ciento. Para ser rigurosamente exactos: el 17,2 por ciento. El resto corre por cuenta de numerosas entidades de diversa índole. Algunos de esos compromisos tienen más de un año de atraso. Y después los enfermos, alterados por tantos atropellos, vapulean a los médicos o insultan a las enfermeras.
Hospitales en quiebra
Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre. Conseguí la lista de los cinco más afectados y de la suma que les estaban debiendo hasta hace tres meses, en diciembre del año pasado. Tres de ellos son de Medellín.
1. A la Fundación Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín, le deben 248.000 millones.
2. Al Hospital General de Medellín le deben 137.000 millones.
3. A la Fundación Oftalmológica de Santander le deben 122.000 millones.
4. A la IPS Universitaria de Medellín le deben 108.000 millones.
5. A la Fundación Clínica Valle del Lili, de Cali, le deben 93.000 millones.
Si no han desparecido es porque los hospitales no se mueren de un día para otro. Agonizan despacito. Pero si la situación actual persiste, la única alternativa que les queda es la más peligrosa de todas: reducir servicios, reducir personal y reducir costos para sobrevivir. Es decir: acabar con la calidad.
Honorarios congelados
El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los hospitales. Conozco el caso de un oftalmólogo al que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1'200.000 pesos. "De algo tengo que vivir", me dijo. El otro día, uno de sus pacientes lo demandó, alegando negligencia profesional, y le reclama una indemnización de 1.000 millones de pesos.
Presionados por las empresas promotoras de salud, que los someten a humillantes procesos de "negociación", y que amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones, los médicos han tenido que aceptar, año tras año, que sigan vigentes las mismas tarifas del 2001. Así, un médico que recibe pacientes de las EPS es el único trabajador colombiano que devenga hoy los mismos honorarios de hace 11 años. Han perdido su poder adquisitivo porque el costo de la vida crece sin parar, pero su remuneración se mantiene invariable.
Como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes, para tener más ingresos, los revisan a las volandas, uno tras otro, rapidito, como si por docena fuera más barato. Por esa razón, el tiempo de una consulta médica es cada día más breve. Y la atención, más deficiente.
Su realidad es trágica. Unos pocos especialistas han logrado que les reconozcan incrementos marginales. No existe un sistema tarifario único que regule su relación laboral con las empresas de salud.Pero, en cambio, un computador con programación científica avanzada, que es imprescindible para su trabajo, les cuesta actualmente 20 millones de pesos. Hace once años, les costaba tres.
Entonces, si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista porque cobra más, si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente? Confieso que no me atrevo ni a pensarlo.
El naufragio de Caprecom
Veamos, a vuelo de pájaro, el caso de Caprecom, la única EPS estatal que le queda a Colombia y que acaba de ser sometida a vigilancia especial, lo que pone en peligro a más de 60 hospitales a los que en este momento les debe 680.000 millones de pesos.
Caprecom se está hundiendo en el lodazal de corrupción que la ha saqueado. Cómo será de lucrativo manejar por dentro a esa entidad que, hace unos tres años, el gerente de un laboratorio de medicamentos, que en la empresa privada ganaba 20 millones de pesos mensuales, renunció para irse de subalterno a Caprecom con 12 millones.
En el 2009, durante la alarma internacional por la epidemia de gripa AH1N1, Caprecom compró 700.000 dosis del medicamento Tamiflú. Pagó 27.000 pesos por cada dosis. En el mercado internacional costaba 12.000 pesos. El sobrecosto fue del 225 por ciento. Tampoco ha sido posible saber, hasta el sol de hoy, cuál fue el proceso que hizo Caprecom para comprar 1.300 computadores.
La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores más, llamados "contratistas", que son vinculados a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral.
Hay casos en que Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas?
Durante la primera ola invernal, que según el Gobierno terminó en mayo del año pasado, Caprecom le cobró al Ministerio de Protección Social 390 millones de pesos por trece brigadas sanitarias que debían haberse hecho en los albergues donde estaban los refugiados de las inundaciones. La verdad es que tardaron tanto tiempo en organizar las brigadas que, a los nueve meses, cuando por fin aparecieron, ya los damnificados no estaban en los albergues.
En la actualidad, mientras su liquidación parece inevitable, Caprecom presta servicio a tres millones de personas en 820 municipios, el 80 por ciento del país, incluyendo las regiones más olvidadas, como el Chocó, Guaviare y Amazonas, que no son rentables para las EPS privadas. Calculen el tamaño del desastre que se les avecina a esos colombianos.
Uno de sus directivos, a pesar de mi insistencia, solo accedió a hacerme una lacónica declaración. Una sola. Con cara de desconsuelo, me dijo:
-La verdad es que Caprecom se convirtió en la caja menor de algunos congresistas.
¿Menor? A mí me parece que es la mayor.
Las EPS privadas
Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema. Todos los días aparece una nueva forma de la corrupción. Por ejemplo: dentro del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención domiciliaria, el "servicio de enfermería en casa", incluido en el Plan Obligatorio de Salud.
Pero, mañosamente, le cambiaron el nombre: lo llaman "cuidador en casa", que no aparece inscrito en el plan, y eso les permite cobrar dos veces el mismo servicio: una como "auxiliar" y otra como "cuidador". Ya se han encontrado casos en que el sobrecosto por paciente llega a 5 o 6 millones de pesos diarios.
Otro ejemplo que ilustra los extremos demenciales a que hemos llegado en materia de inmoralidad es el caso de la prevención de enfermedades, prioridad fundamental en cualquier país civilizado.
En Colombia, el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente, a fin de que dicha empresa adelante trabajos de promoción y prevención de salud. Es lo que en el enredado vocabulario del sistema se conoce como "p y p".
Se supone que las EPS reciben ese dinero, que es del pueblo, y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales para sus tareas preventivas.
Pero la verdad es otra: solo les transfieren 140 pesos por paciente. Es decir: la empresa promotora de salud se queda con 1.525 pesos que no le pertenecen. Haga cuentas, por cada paciente. Uno se pregunta, alarmado,si el Ministerio de Salud no le hace una auditoría a su propio dinero, el que entrega a las empresas. Y si la hace, ¿por qué no descubre ese desfalco?
¿Quieren más pruebas? Se han descubierto numerosos casos en que los directivos de las EPS privadas, a la hora de escoger hospitales para contratar servicios, lo hacen con aquellos que son de sus amigos, de sus familiares o de sí mismos. Fundan clínicas solo con ese propósito. Se ha comprobado que su calidad es inferior al promedio. Natural que así sea: no están hechas para salvar vidas, sino para ganar plata.
Pero aquí no hay un gobernante que ponga el grito en el cielo y los meta en cintura, ni hay un juez que, además de meterlos en cintura, los meta también en la cárcel. Lo que es peor, no hay ciudadanos que protesten seriamente en nombre de la salud colectiva. Al Presidente de la República, por su parte, se le llena la boca anunciando nuevas reformitas del sistema, engañosas pastillas de placebo, como si esa colcha de retazos aguantara un remiendo más.
Ladrones en todas partes
La corrupción y el desorden, que es su principal cómplice, comienzan desde el principio. El sistema colombiano de salud no tiene una base de información unitaria, sino dos: una para las personas que pagan su contribución y otra para quienes reciben subsidios del Estado. El caos es de tales proporciones que hay duplicidad de usuarios y se cobra por atender a personas que ni siquiera existen.
En cuanto a los subsidios, son incontables los municipios que reportan atención a una cantidad de enfermos superior al número de habitantes de la población entera. (Es un caso similar al de la educación: para sacarle dinero al Estado, hay colegios y universidades que envían unas listas de becarios que superan en cantidad a todos los matriculados.)
Epílogo con sugerencias
Tras dedicarme varios meses a investigar esta realidad maloliente, y después de consultar a tantos expertos, puedo repetir, sin quitarle ni una coma, lo que dije en el primer párrafo: el sistema colombiano de salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él la luz perpetua.
Quedan, para fundar sobre ellas un sistema nuevo, las siguientes reflexiones:
1.- Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la salud y que, además, lo cobren por adelantado. Son como las muchachas prepago, pero menos complacientes.
2.- El desastre, como es natural, lo origina la manipulación de tanto dinero. Los especialistas consideran que la única salida exitosa es la creación de un mecanismo único que recaude los recursos y pague las cuentas, bajo control del Estado, y no de los particulares.
3.- Hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos. Que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la atiendan.
4.- Es urgente que hospitales, médicos, odontólogos, radiólogos, enfermeras, trabajadores de la salud en general, reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo. Dicho con franqueza: que los tramposos no se sigan quedando con la plata mientras un doctor dura 11 años cobrando la misma tarifa.
5.- En el nuevo sistema hay que eliminar a los intermediarios de la salud, que son la peor plaga.
6.- El sistema colombiano de salud no puede seguir dedicado únicamente a atender enfermedades. Lo fundamental es la prevención. La atención es el complemento.
Y, por último, hablando acá, para mis adentros, yo pido algo que no depende del Gobierno, sino de Dios: que un milagro le devuelva la vista al niño de Villavicencio.
En este momento su madre está pidiendo limosna para comprarle los implantes de órbitas oculares, lo que se conoce como "cristales para rellenar cuencas".
Ah, pero como no todo hay que dejárselo a Dios, también pido que un juez castigue a los culpables. Termino aquí porque me parece que ya estoy exigiendo demasiado: salud y justicia al mismo tiempo.
Juan Gossaín
Especial para EL TIEMPO
Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia.
En Villavicencio, un niño, que hoy tiene 2 años, a los 6 meses de edad sufría de un tumor en la vista. Caprecom, empresa a la que está afiliado, dilató el tratamiento y, pese a la urgencia advertida a tiempo por los médicos, se negó a ordenar la cirugía. Varios doctores se unieron para intervenirlo sin costo, por su cuenta y riesgo, pero era demasiado tarde: el niño quedó ciego a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en las oficinas de Caprecom.
En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío, porque llevaba ocho meses rogando en Saludcoop que le dieran una cita con el doctor.
Esa misma noche, en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral.
¿Qué es lo que está sucediendo para que en solo seis meses, entre enero y julio del año pasado, se presentaran ante las autoridades sesenta mil reclamos contra empresas de salud?Quién sabe cuántas víctimas más ni siquiera se toman el trabajo de protestar. Y ni hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse.
Lo que está pasando es que el sistema colombiano de salud se reventó en pedazos. Resultó fallido. Las razones son varias, pero todas giran alrededor de un mismo sol: la corrupción y su hermana siamesa, la politiquería, se aliaron con la voracidad económica de unas cuantas empresas privadas y con la podredumbre que campea en las oficinas públicas.
38 billones por año
Desde que se estableció el sistema, hace casi veinte años, el Estado colombiano se la pasa improvisando medidas transitorias, que no han servido ni siquiera como pañito de agua tibia, y mientras tanto nadie atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios: hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos, empresas de radiología. El sistema no resiste una reforma más.Es un régimen insostenible.
En Colombia, la salud mueve al año cerca de 38 billones de pesos.La mitad de esa cifra monstruosa proviene de los dos regímenes que operan en el país: el contributivo, en el que los ciudadanos que pueden hacerlo pagan de antemano su propia atención, y el subsidiado, que supuestamente está hecho para proteger con dineros públicos a los más pobres.
Como si fuera poco, la ineficiencia ha llegado a tales extremos que los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan. El resto, unos 11 billones anuales, los aportan la Nación, los departamentos y los municipios. Es decir: todos los colombianos que pagan impuestos.
Pero cada gobierno se niega a asumir el control de esos dineros y los deja en manos de unas compañías llamadas "empresas promotoras de salud", que son el origen de nuestras desgracias.
La paradoja más grande y más dolorosa es esta: nunca antes habíamos tenido tantos recursos para la salud de los colombianos, pero nunca antes el sistema de salud había estado en una situación financiera tan crítica. Lo primero que uno hace, pensando en los 38 billones de pesos, es comenzar a preguntarse: ¿por qué, con semejante chorro de plata, la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan, si ese es su derecho y ese es su dinero? ¿Por qué clínicas y hospitales están en crisis?
Cobran, pero no pagan
La respuesta es simple pero aterradora: porque no les pagan los servicios que prestan. Según un balance que tengo en mi poder, las empresas promotoras de salud, algunas compañías de seguros y el Gobierno Nacional, más municipios y departamentos, le deben al conjunto de instituciones hospitalarias una cantidad que se acerca a los 10 billones de pesos.
A fecha de hoy la situación se ha agravado. Del total de esa suma, las famosas EPS adeudan cerca del 60 por ciento. Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los acogen.El Estado, incluyendo Nación, municipios y departamentos, debe otro 17 por ciento. Para ser rigurosamente exactos: el 17,2 por ciento. El resto corre por cuenta de numerosas entidades de diversa índole. Algunos de esos compromisos tienen más de un año de atraso. Y después los enfermos, alterados por tantos atropellos, vapulean a los médicos o insultan a las enfermeras.
Hospitales en quiebra
Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre. Conseguí la lista de los cinco más afectados y de la suma que les estaban debiendo hasta hace tres meses, en diciembre del año pasado. Tres de ellos son de Medellín.
1. A la Fundación Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín, le deben 248.000 millones.
2. Al Hospital General de Medellín le deben 137.000 millones.
3. A la Fundación Oftalmológica de Santander le deben 122.000 millones.
4. A la IPS Universitaria de Medellín le deben 108.000 millones.
5. A la Fundación Clínica Valle del Lili, de Cali, le deben 93.000 millones.
Si no han desparecido es porque los hospitales no se mueren de un día para otro. Agonizan despacito. Pero si la situación actual persiste, la única alternativa que les queda es la más peligrosa de todas: reducir servicios, reducir personal y reducir costos para sobrevivir. Es decir: acabar con la calidad.
Honorarios congelados
El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los hospitales. Conozco el caso de un oftalmólogo al que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1'200.000 pesos. "De algo tengo que vivir", me dijo. El otro día, uno de sus pacientes lo demandó, alegando negligencia profesional, y le reclama una indemnización de 1.000 millones de pesos.
Presionados por las empresas promotoras de salud, que los someten a humillantes procesos de "negociación", y que amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones, los médicos han tenido que aceptar, año tras año, que sigan vigentes las mismas tarifas del 2001. Así, un médico que recibe pacientes de las EPS es el único trabajador colombiano que devenga hoy los mismos honorarios de hace 11 años. Han perdido su poder adquisitivo porque el costo de la vida crece sin parar, pero su remuneración se mantiene invariable.
Como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes, para tener más ingresos, los revisan a las volandas, uno tras otro, rapidito, como si por docena fuera más barato. Por esa razón, el tiempo de una consulta médica es cada día más breve. Y la atención, más deficiente.
Su realidad es trágica. Unos pocos especialistas han logrado que les reconozcan incrementos marginales. No existe un sistema tarifario único que regule su relación laboral con las empresas de salud.Pero, en cambio, un computador con programación científica avanzada, que es imprescindible para su trabajo, les cuesta actualmente 20 millones de pesos. Hace once años, les costaba tres.
Entonces, si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista porque cobra más, si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente? Confieso que no me atrevo ni a pensarlo.
El naufragio de Caprecom
Veamos, a vuelo de pájaro, el caso de Caprecom, la única EPS estatal que le queda a Colombia y que acaba de ser sometida a vigilancia especial, lo que pone en peligro a más de 60 hospitales a los que en este momento les debe 680.000 millones de pesos.
Caprecom se está hundiendo en el lodazal de corrupción que la ha saqueado. Cómo será de lucrativo manejar por dentro a esa entidad que, hace unos tres años, el gerente de un laboratorio de medicamentos, que en la empresa privada ganaba 20 millones de pesos mensuales, renunció para irse de subalterno a Caprecom con 12 millones.
En el 2009, durante la alarma internacional por la epidemia de gripa AH1N1, Caprecom compró 700.000 dosis del medicamento Tamiflú. Pagó 27.000 pesos por cada dosis. En el mercado internacional costaba 12.000 pesos. El sobrecosto fue del 225 por ciento. Tampoco ha sido posible saber, hasta el sol de hoy, cuál fue el proceso que hizo Caprecom para comprar 1.300 computadores.
La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores más, llamados "contratistas", que son vinculados a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral.
Hay casos en que Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas?
Durante la primera ola invernal, que según el Gobierno terminó en mayo del año pasado, Caprecom le cobró al Ministerio de Protección Social 390 millones de pesos por trece brigadas sanitarias que debían haberse hecho en los albergues donde estaban los refugiados de las inundaciones. La verdad es que tardaron tanto tiempo en organizar las brigadas que, a los nueve meses, cuando por fin aparecieron, ya los damnificados no estaban en los albergues.
En la actualidad, mientras su liquidación parece inevitable, Caprecom presta servicio a tres millones de personas en 820 municipios, el 80 por ciento del país, incluyendo las regiones más olvidadas, como el Chocó, Guaviare y Amazonas, que no son rentables para las EPS privadas. Calculen el tamaño del desastre que se les avecina a esos colombianos.
Uno de sus directivos, a pesar de mi insistencia, solo accedió a hacerme una lacónica declaración. Una sola. Con cara de desconsuelo, me dijo:
-La verdad es que Caprecom se convirtió en la caja menor de algunos congresistas.
¿Menor? A mí me parece que es la mayor.
Las EPS privadas
Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema. Todos los días aparece una nueva forma de la corrupción. Por ejemplo: dentro del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención domiciliaria, el "servicio de enfermería en casa", incluido en el Plan Obligatorio de Salud.
Pero, mañosamente, le cambiaron el nombre: lo llaman "cuidador en casa", que no aparece inscrito en el plan, y eso les permite cobrar dos veces el mismo servicio: una como "auxiliar" y otra como "cuidador". Ya se han encontrado casos en que el sobrecosto por paciente llega a 5 o 6 millones de pesos diarios.
Otro ejemplo que ilustra los extremos demenciales a que hemos llegado en materia de inmoralidad es el caso de la prevención de enfermedades, prioridad fundamental en cualquier país civilizado.
En Colombia, el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente, a fin de que dicha empresa adelante trabajos de promoción y prevención de salud. Es lo que en el enredado vocabulario del sistema se conoce como "p y p".
Se supone que las EPS reciben ese dinero, que es del pueblo, y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales para sus tareas preventivas.
Pero la verdad es otra: solo les transfieren 140 pesos por paciente. Es decir: la empresa promotora de salud se queda con 1.525 pesos que no le pertenecen. Haga cuentas, por cada paciente. Uno se pregunta, alarmado,si el Ministerio de Salud no le hace una auditoría a su propio dinero, el que entrega a las empresas. Y si la hace, ¿por qué no descubre ese desfalco?
¿Quieren más pruebas? Se han descubierto numerosos casos en que los directivos de las EPS privadas, a la hora de escoger hospitales para contratar servicios, lo hacen con aquellos que son de sus amigos, de sus familiares o de sí mismos. Fundan clínicas solo con ese propósito. Se ha comprobado que su calidad es inferior al promedio. Natural que así sea: no están hechas para salvar vidas, sino para ganar plata.
Pero aquí no hay un gobernante que ponga el grito en el cielo y los meta en cintura, ni hay un juez que, además de meterlos en cintura, los meta también en la cárcel. Lo que es peor, no hay ciudadanos que protesten seriamente en nombre de la salud colectiva. Al Presidente de la República, por su parte, se le llena la boca anunciando nuevas reformitas del sistema, engañosas pastillas de placebo, como si esa colcha de retazos aguantara un remiendo más.
Ladrones en todas partes
La corrupción y el desorden, que es su principal cómplice, comienzan desde el principio. El sistema colombiano de salud no tiene una base de información unitaria, sino dos: una para las personas que pagan su contribución y otra para quienes reciben subsidios del Estado. El caos es de tales proporciones que hay duplicidad de usuarios y se cobra por atender a personas que ni siquiera existen.
En cuanto a los subsidios, son incontables los municipios que reportan atención a una cantidad de enfermos superior al número de habitantes de la población entera. (Es un caso similar al de la educación: para sacarle dinero al Estado, hay colegios y universidades que envían unas listas de becarios que superan en cantidad a todos los matriculados.)
Epílogo con sugerencias
Tras dedicarme varios meses a investigar esta realidad maloliente, y después de consultar a tantos expertos, puedo repetir, sin quitarle ni una coma, lo que dije en el primer párrafo: el sistema colombiano de salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él la luz perpetua.
Quedan, para fundar sobre ellas un sistema nuevo, las siguientes reflexiones:
1.- Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la salud y que, además, lo cobren por adelantado. Son como las muchachas prepago, pero menos complacientes.
2.- El desastre, como es natural, lo origina la manipulación de tanto dinero. Los especialistas consideran que la única salida exitosa es la creación de un mecanismo único que recaude los recursos y pague las cuentas, bajo control del Estado, y no de los particulares.
3.- Hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos. Que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la atiendan.
4.- Es urgente que hospitales, médicos, odontólogos, radiólogos, enfermeras, trabajadores de la salud en general, reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo. Dicho con franqueza: que los tramposos no se sigan quedando con la plata mientras un doctor dura 11 años cobrando la misma tarifa.
5.- En el nuevo sistema hay que eliminar a los intermediarios de la salud, que son la peor plaga.
6.- El sistema colombiano de salud no puede seguir dedicado únicamente a atender enfermedades. Lo fundamental es la prevención. La atención es el complemento.
Y, por último, hablando acá, para mis adentros, yo pido algo que no depende del Gobierno, sino de Dios: que un milagro le devuelva la vista al niño de Villavicencio.
En este momento su madre está pidiendo limosna para comprarle los implantes de órbitas oculares, lo que se conoce como "cristales para rellenar cuencas".
Ah, pero como no todo hay que dejárselo a Dios, también pido que un juez castigue a los culpables. Termino aquí porque me parece que ya estoy exigiendo demasiado: salud y justicia al mismo tiempo.
Juan Gossaín
Especial para EL TIEMPO
martes, 27 de marzo de 2012
Nueva opción para la calvicie androgénica?
Los calvos tienen una cantidad anormal de prostaglandina D2 por lo que el bloqueo de esta, supone un nuevo camino para tratar la calvicie androgénica.
En modelos animales, el grupo de George Cotsarelis, de la Universidad de Pensilvania, ha visto que la prostaglandina PGD2 y su derivado el 15-dPGJ2 inhiben el crecimiento capilar a través del receptor GPR44, lo que sería un prometedor objetivo terapéutico para la alopecia androgénica.
En un estudio que se publica hoy en Science Translational Medicine, este grupo constató que los niveles de PGD2 eran tres veces más altos en calvos. Al añadir PGD2 a los folículos capilares cultivados conseguían que crecieran algo, mientras que los que tenían 15-dPGJ2 presentaban problemas de calvicie.
Se sabía que la prostaglandina F2-alfa aumentaba el crecimiento capilar. El grupo de Cotsarelis ha visto que la PGD2 inhibe el crecimiento capilar y otra prostaglandina ejerce el efecto contrario: potenciando y regulando la velocidad del crecimiento capilar. Estos trabajos se centraron en hombres con alopecia androgénica y se observó que las prostaglandinas pueden representar una vía común para los hombres y las mujeres con alopecia androgénica.
Por eso, se necesitan estudios posteriores para analizar tratamientos tópicos que se dirijan hacia el GPR44, que podrán determinar si el manejo de las prostaglandinas beneficiaría también a las mujeres con alopecia androgénica.
(Science Translational Me dicine 2012; 126: 126ra34).
En modelos animales, el grupo de George Cotsarelis, de la Universidad de Pensilvania, ha visto que la prostaglandina PGD2 y su derivado el 15-dPGJ2 inhiben el crecimiento capilar a través del receptor GPR44, lo que sería un prometedor objetivo terapéutico para la alopecia androgénica.
En un estudio que se publica hoy en Science Translational Medicine, este grupo constató que los niveles de PGD2 eran tres veces más altos en calvos. Al añadir PGD2 a los folículos capilares cultivados conseguían que crecieran algo, mientras que los que tenían 15-dPGJ2 presentaban problemas de calvicie.
Se sabía que la prostaglandina F2-alfa aumentaba el crecimiento capilar. El grupo de Cotsarelis ha visto que la PGD2 inhibe el crecimiento capilar y otra prostaglandina ejerce el efecto contrario: potenciando y regulando la velocidad del crecimiento capilar. Estos trabajos se centraron en hombres con alopecia androgénica y se observó que las prostaglandinas pueden representar una vía común para los hombres y las mujeres con alopecia androgénica.
Por eso, se necesitan estudios posteriores para analizar tratamientos tópicos que se dirijan hacia el GPR44, que podrán determinar si el manejo de las prostaglandinas beneficiaría también a las mujeres con alopecia androgénica.
(Science Translational Me dicine 2012; 126: 126ra34).
martes, 13 de marzo de 2012
MSD se declara culpable de publicidad engañosa
El gigante farmacéutico estadounidense, Merck, acordó en noviembre pasado, pagar una multa cercana a los US$1.000 millones y declararse culpable de haber publicitado de manera engañosa el analgésico Vioxx.
Vioxx fue presentado como un tratamiento para la artritis reumatoide antes de que fuese aprobado oficialmente.
El fármaco, puesto a la venta en 1999, fue retirado del mercado en 2004, cuando se descubrió que aumentaba el riesgo de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. Según la FDA, fue responsable de entre 88.000 y 139.000 crisis cardiacas en cinco años, y entre 30% y 40% de las crisis cardiacas imputables al uso de Vioxx probablemente fueron mortales.
Merck, que se declaró culpable ante la justicia federal, pagara una multa penal de 321,64 millones de dólares por haber recomendado el uso de Vioxx a pacientes que sufren de artritis reumatoide, antes que esta utilización fuera autorizada por el organismo regulador FDA, indico el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 628,4 millones serán para resolver la demanda civil.
Según un comunicado, la empresa subrayo que el pacto "no constituye admisión alguna de mala fe o responsabilidad".
"Toda actividad de marketing que ignora la importancia de una aprobación de la FDA, o que afirma hechos no establecidos sobre la seguridad de un medicamento, es inaceptable y será objeto de fuertes castigos tanto por la vía penal como por la civil", declaro la fiscal federal de Massachusetts (noreste), Carmen Ortiz, en un comunicado.
Merck había retirado de forma voluntaria el medicamento del lucrativo mercado mundial en 2004. Pero el laboratorio fue posteriormente objeto de múltiples demandas judiciales por parte de los afectados, ya que se estableció que los peligros del medicamento pudieron haber sido identificados cuatro años antes.
En 2007, el laboratorio había aceptado un acuerdo por 4.850 millones de dólares para saldar más del 95% de las 26.600 demandas entabladas contra Vioxx.
BBC (Gran Bretaña) 22-11-11, EFE, 22-11-11 y Terra (col) 22-11-11
Nota: recordemos que el principio activo del Vioxx era el Rofecoxib que al igual que el Parecoxib y Valdecoxib pertenecen a la familia de los coxib que presentaban como ventajas el que inhibian selectivamente la COX-2 lo que en teoría conducía a ser antiinflamatorios que no desencadenaban ulceras. Hoy en día fuerón retirados del mercado y uno de los que sobrevive es el Celecoxib (Celebrex), con el que hay que ejercer plena farmacovigilancia.
Vioxx fue presentado como un tratamiento para la artritis reumatoide antes de que fuese aprobado oficialmente.
El fármaco, puesto a la venta en 1999, fue retirado del mercado en 2004, cuando se descubrió que aumentaba el riesgo de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. Según la FDA, fue responsable de entre 88.000 y 139.000 crisis cardiacas en cinco años, y entre 30% y 40% de las crisis cardiacas imputables al uso de Vioxx probablemente fueron mortales.
Merck, que se declaró culpable ante la justicia federal, pagara una multa penal de 321,64 millones de dólares por haber recomendado el uso de Vioxx a pacientes que sufren de artritis reumatoide, antes que esta utilización fuera autorizada por el organismo regulador FDA, indico el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 628,4 millones serán para resolver la demanda civil.
Según un comunicado, la empresa subrayo que el pacto "no constituye admisión alguna de mala fe o responsabilidad".
"Toda actividad de marketing que ignora la importancia de una aprobación de la FDA, o que afirma hechos no establecidos sobre la seguridad de un medicamento, es inaceptable y será objeto de fuertes castigos tanto por la vía penal como por la civil", declaro la fiscal federal de Massachusetts (noreste), Carmen Ortiz, en un comunicado.
Merck había retirado de forma voluntaria el medicamento del lucrativo mercado mundial en 2004. Pero el laboratorio fue posteriormente objeto de múltiples demandas judiciales por parte de los afectados, ya que se estableció que los peligros del medicamento pudieron haber sido identificados cuatro años antes.
En 2007, el laboratorio había aceptado un acuerdo por 4.850 millones de dólares para saldar más del 95% de las 26.600 demandas entabladas contra Vioxx.
BBC (Gran Bretaña) 22-11-11, EFE, 22-11-11 y Terra (col) 22-11-11
Nota: recordemos que el principio activo del Vioxx era el Rofecoxib que al igual que el Parecoxib y Valdecoxib pertenecen a la familia de los coxib que presentaban como ventajas el que inhibian selectivamente la COX-2 lo que en teoría conducía a ser antiinflamatorios que no desencadenaban ulceras. Hoy en día fuerón retirados del mercado y uno de los que sobrevive es el Celecoxib (Celebrex), con el que hay que ejercer plena farmacovigilancia.
miércoles, 7 de marzo de 2012
Detección de la pedofilia mediante resonancia magnética funcional
Una investigación elaborada en la Universidad de Kiel (Alemania), y publicada en Archives of General Psychiatry, abre la puerta a la identificación de los pedófilos, mediante resonancia magnética funcional, con gran exactitud.
La muestra se componía de 24 pedófilos, sexualmente atraídos por niñas (n = 11) o niños (n = 13) prepúberes, y 32 varones control sanos, sexualmente atraídos por mujeres (n = 18) u hombres (n = 14) adultos. Se mostraron a todos los participantes una serie de fotografías de genitales de niños y niñas, de menores desnudos o sólo de sus caras, y de adultos en las mismas posturas, sólo durante un segundo.
Los datos revelaron que la respuesta neuronal de los pedófilos ante las imágenes de niños desnudos era distinta a la de las personas sanas. Posteriormente, se comparó la actividad neuronal de cada participante con la de ambos grupos, el de pedofilia y el control, mediante dos clasificaciones algorítmicas distintas y se pudo establecer si una persona tenía altas o bajas probabilidades de ser pedófilo con una precisión del 95% (especificidad: 100%; sensibilidad 88%).
[Arch Gen Psychiatry 2012]
Ponseti J, Granert O, Jansen O, Wolff S, Beier K, Neutze J, et al.
La muestra se componía de 24 pedófilos, sexualmente atraídos por niñas (n = 11) o niños (n = 13) prepúberes, y 32 varones control sanos, sexualmente atraídos por mujeres (n = 18) u hombres (n = 14) adultos. Se mostraron a todos los participantes una serie de fotografías de genitales de niños y niñas, de menores desnudos o sólo de sus caras, y de adultos en las mismas posturas, sólo durante un segundo.
Los datos revelaron que la respuesta neuronal de los pedófilos ante las imágenes de niños desnudos era distinta a la de las personas sanas. Posteriormente, se comparó la actividad neuronal de cada participante con la de ambos grupos, el de pedofilia y el control, mediante dos clasificaciones algorítmicas distintas y se pudo establecer si una persona tenía altas o bajas probabilidades de ser pedófilo con una precisión del 95% (especificidad: 100%; sensibilidad 88%).
[Arch Gen Psychiatry 2012]
Ponseti J, Granert O, Jansen O, Wolff S, Beier K, Neutze J, et al.
jueves, 23 de febrero de 2012
Daclatasvir en el tratamiento de la Hepatitis C
En el mundo hay unos 170 millones de afectados de hepatitis C crónica, por lo que su abordaje supone un gran reto. "Para poder hablar de curación de la hepatitis C, debemos controlarla en Asia, donde se concentran la mayor parte de los afectados; así acabaremos con la epidemia", ha dicho Jacob George, profesor de Gastroenterología de la Universidad de Sidney, en Australia, que ha participado en la XXII Conferencia de la Asociación Asia Pacífico para el Estudio del Hígado, en Taipei.
Existen seis genotipos del virus de la hepatitis C y el 1 es el más frecuente y más difícil de tratar: "La tasa de curación está entre el 40 y el 50 por ciento; sin embargo, para los genotipos 2 y 3 la curación supera el 80 por ciento". George ha recordado que el mayor conocimiento de la genética y de cómo funciona el sistema inmunitario ha ayudado a mejorar el manejo de la infección. "IL28B es el gen que se ha visto que está implicado en la respuesta inmune al interferón. Asiáticos y africanos tienen peor respuesta al tratamiento, porque presentan niveles más bajos de IL28B, mientras que europeos y americanos tienen niveles medios".
Con la mejora en el tratamiento de la hepatitis C se ha conseguido reducir el riesgo de cáncer hepático un 90 por ciento y en "esta evolución ha tenido que ver el aumento de respuesta en pacientes que no habían sido tratados".
George se ha referido a un estudio en fase II cuyos resultados se han publicado en The New England Journal of Medicine y que se efectuó con once pacientes con virus de la hepatitis C de genotipo 1 que no habían respondido a tratamientos previos con interferón alfa y ribavirina; esos pacientes fueron tratados con daclatasvir, el primer inhibidor del complejo de replicación NS5A, y asunaprevir, un inhibidor selectivo de la proteasa NS3. Ambos fármacos, desarrollados por Bristol-Myers Squibb, se encuentran en fase III de investigación. El estudio muestra que se consigue una respuesta virológica sostenida a las doce semanas de tratamiento. "A los tres o seis meses de terminarlo es necesario medir la carga viral para poder constatar la tasa de curación; si no hay virus en sangre, hemos conseguido controlar la enfermedad".
Existen seis genotipos del virus de la hepatitis C y el 1 es el más frecuente y más difícil de tratar: "La tasa de curación está entre el 40 y el 50 por ciento; sin embargo, para los genotipos 2 y 3 la curación supera el 80 por ciento". George ha recordado que el mayor conocimiento de la genética y de cómo funciona el sistema inmunitario ha ayudado a mejorar el manejo de la infección. "IL28B es el gen que se ha visto que está implicado en la respuesta inmune al interferón. Asiáticos y africanos tienen peor respuesta al tratamiento, porque presentan niveles más bajos de IL28B, mientras que europeos y americanos tienen niveles medios".
Con la mejora en el tratamiento de la hepatitis C se ha conseguido reducir el riesgo de cáncer hepático un 90 por ciento y en "esta evolución ha tenido que ver el aumento de respuesta en pacientes que no habían sido tratados".
George se ha referido a un estudio en fase II cuyos resultados se han publicado en The New England Journal of Medicine y que se efectuó con once pacientes con virus de la hepatitis C de genotipo 1 que no habían respondido a tratamientos previos con interferón alfa y ribavirina; esos pacientes fueron tratados con daclatasvir, el primer inhibidor del complejo de replicación NS5A, y asunaprevir, un inhibidor selectivo de la proteasa NS3. Ambos fármacos, desarrollados por Bristol-Myers Squibb, se encuentran en fase III de investigación. El estudio muestra que se consigue una respuesta virológica sostenida a las doce semanas de tratamiento. "A los tres o seis meses de terminarlo es necesario medir la carga viral para poder constatar la tasa de curación; si no hay virus en sangre, hemos conseguido controlar la enfermedad".
jueves, 9 de febrero de 2012
Primera condena en España por implantes PIP
En pleno debate sobre la responsabilidad en los implantes mamarios defectuosos PIP, los tribunales han resuelto el primer caso en España sobre esta cuestión condenando a un cirujano y a una clínica a indemnizar con 7.455 euros a una mujer a la que se le rompió una de estas prótesis.
El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha fundamentado su condena en la falta de consentimiento informado, aplicando la jurisprudencia que impone una mayor exigencia en la información que los facultativos deben dar a los pacientes, cuando se trata de intervenciones voluntarias o satisfactivas. A pesar de la resolución, el juez avala la buena praxis médica en contra de la demanda presentada por la paciente.
La sentencia concluye que "considera razonable condenar a la parte demandada al abono del importe de la mastopexia con prótesis que se vio obligada a realizar como consecuencia de la rotura del implante mamario derecho, riesgo del que no consta hubiera sido informada".
La paciente se sometió a una mastopexia bilateral el 20 de abril de 2001 y de nuevo en octubre del mismo año para aumentarse las prótesis y corregirse las cicatrices. Siete años después, en 2008, la mujer tuvo que ser intervenida por rotura de la prótesis de la mama derecha.
El informe pericial presentado por la parte demandante defendió la calidad de las prótesis implantadas y centraba la acusación en la mala praxis facultativa. Sin embargo, un segundo informe pericial aportado al juicio apoyaba la tesis de la mala calidad de las prótesis.
Antonio Navarro, abogado de la mujer y colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente, ha explicado a este periódico que la demanda se presentó antes de que se diera a conocer que las prótesis PIP eran defectuosas y, por tanto, "la defensa de la calidad de estos implantes que defendió nuestro perito se fundamentaba en el aval de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)". Sin embargo, en la celebración del juicio, y según figura en la sentencia, el citado informe pericial aludió a las advertencia de la Aemps sobre estas prótesis, afirmando que "pese a ello, en este supuesto, la rotura de la prótesis no tuvo su origen en la deficiencia del producto".
Diario Médico.com
El Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid ha fundamentado su condena en la falta de consentimiento informado, aplicando la jurisprudencia que impone una mayor exigencia en la información que los facultativos deben dar a los pacientes, cuando se trata de intervenciones voluntarias o satisfactivas. A pesar de la resolución, el juez avala la buena praxis médica en contra de la demanda presentada por la paciente.
La sentencia concluye que "considera razonable condenar a la parte demandada al abono del importe de la mastopexia con prótesis que se vio obligada a realizar como consecuencia de la rotura del implante mamario derecho, riesgo del que no consta hubiera sido informada".
La paciente se sometió a una mastopexia bilateral el 20 de abril de 2001 y de nuevo en octubre del mismo año para aumentarse las prótesis y corregirse las cicatrices. Siete años después, en 2008, la mujer tuvo que ser intervenida por rotura de la prótesis de la mama derecha.
El informe pericial presentado por la parte demandante defendió la calidad de las prótesis implantadas y centraba la acusación en la mala praxis facultativa. Sin embargo, un segundo informe pericial aportado al juicio apoyaba la tesis de la mala calidad de las prótesis.
Antonio Navarro, abogado de la mujer y colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente, ha explicado a este periódico que la demanda se presentó antes de que se diera a conocer que las prótesis PIP eran defectuosas y, por tanto, "la defensa de la calidad de estos implantes que defendió nuestro perito se fundamentaba en el aval de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)". Sin embargo, en la celebración del juicio, y según figura en la sentencia, el citado informe pericial aludió a las advertencia de la Aemps sobre estas prótesis, afirmando que "pese a ello, en este supuesto, la rotura de la prótesis no tuvo su origen en la deficiencia del producto".
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